El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, informó que la sala dependiente de este poder está ahogada con más de mil demandas que presentó una ciudadanía agredida en los municipios
Por Bertha Álvarez
Tepic.- La ineptitud de las autoridades de Tránsito y Obras Públicas de los gobiernos municipales no da abasto a las demandas administrativas que a diario recibe la Sala Constitucional Electoral por la arbitrariedad en la imposición de multas e incumplimiento en los contratos de obra.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, declara que la sala dependiente de este poder está ahogada con más de mil demandas que presentó una ciudadanía agredida y que no puede dar trámite porque los municipios no tienen dinero para resarcir el monto de los daños.
Enríquez Soto dijo que la Sala Constitucional Electoral atiende casos del tipo constitucional, justicia administrativa y justicia electoral, pero la que más dolores de cabeza les saca es la administrativa porque las resoluciones se cargan a favor del demandante.
Con base a la ley, los Ayuntamientos debieron de conformar una bolsa de recursos para pagar los daños que provoca la ineptitud, abusos u omisiones que cometan sus funcionarios, así como lo hacen los gobiernos de Norteamérica.
Sin embargo, ante la pobreza de los municipios, la gente queda al desamparo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que exige a los alcaldes a pagar la mediocridad con que actúan sus funcionarios y empleados del gobierno municipal.
Esto estaría significando que los asuntos de justicia administrativa se van por la coladera o se ven obligados a encarpetar dejando al desamparo las arbitrariedades que se cometen con el pueblo.
