La defensa del ex secretario denunció incomunicación, maltrato y falta de acceso a documentos legales desde diciembre de 2024.
Por NotiPress
Ciudad de México.- Una corte federal en Nueva York concedió al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una nueva prórroga de 90 días para presentar su apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que recibió en octubre de 2024. Además, instruyó al sistema penitenciario de Estados Unidos a garantizar condiciones mínimas de comunicación entre el acusado y su equipo legal.
Según los registros judiciales del caso, la jueza Alison Nathan, del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones, aprobó extender el plazo para presentar el escrito inicial de apelación hasta el 18 de diciembre de 2025. También se ordenó al Buró Federal de Prisiones (BOP) permitir visitas legales presenciales y llamadas programadas entre García Luna y sus abogados, César de Castro y Valerie Gotlib.
«Por la presente se ordena que se conceda la moción«, señala la resolución firmada por la secretaria de la Corte, Catherine O’Hagan Wolfe.
La solicitud incluyó además una denuncia sobre las condiciones de detención del ex funcionario mexicano. La defensa argumentó que desde diciembre de 2024 no ha tenido acceso a documentos legales ni transcripciones del juicio, y reportó restricciones severas a su higiene y alimentación: «se le privó de la capacidad de ducharse, afeitarse o incluso comer con cubiertos«.
En declaraciones previas, los abogados también afirmaron que García Luna fue confinado en una unidad reservada para internos con sanciones disciplinarias, a pesar de no haber recibido infracción alguna. «Solo recibió un solo par de ropa interior y ha perdido 32 libras«, reportó la defensa, en referencia a su estancia anterior en una prisión en Virginia.
Actualmente, tras su sentencia de 38 años en prisión, García Luna se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. La defensa indicó que los malos tratos han cesado, aunque persiste la falta de contacto efectivo, hecho que motivó la intervención del tribunal.
Esta es la tercera ampliación de plazo concedida al ex funcionario para preparar su apelación. Sin embargo, es la primera ocasión en que la corte ordena explícitamente garantizar el derecho a la defensa mediante condiciones mínimas de comunicación con sus abogados.
