Furiosos por haber sido descubiertos operando un Cartel de Espionaje Organizado, convierten en un “Juan-Escutia” al indigerible gobernador de Sinaloa, al que de todos modos ya le traían ganas desde hace tiempo.
¿Y la quinta columna?
«Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta: “¿Quién anda por ahí?” Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó: “No es nadie, señor, soy yo”»
Octavio Paz
La CIA en Chihuahua y los tiempos de los LITEMPO’s
Por Ernesto Acero C.
El tema sería gracioso si no es porque se parece más a una güina pegada en el extremo del aparato digestivo. En efecto, se trata del gobernador de Sinaloa que bien podría ser un emisario del mismísimo Satanás. No obstante, ahora parece chivo expiatorio (¡pobrecillo, buen hombre!) luego de que se puso al descubierto una red de espías de la CIA actuando en territorio nacional de la mano de dignos representantes de la Quinta Columna. Furiosos por haber sido descubiertos operando un Cartel de Espionaje Organizado, convierten en un “Juan-Escutia” al indigerible gobernador de Sinaloa, al que de todos modos ya le traían ganas desde hace tiempo.
Dicen que un dolor pequeño se quita con uno más grande. Parece que esa lógica aplica ahora en el Caso CIA, dolor de cabeza que aparentemente quieren quitar con un “oportuno” Caso Rocha. La vedad es que los ñoños que manejan el Caso CIA, no necesitan actuar de esa manera, pues siempre han mostrado absoluto cinismo en sus actos intervencionistas. El cinismo es trinchera infranqueable.
En efecto, ha sobrevenido un enorme escándalo que muestra diversos posicionamientos que chocan contra lo que dispone el marco jurídico de México. Se trata de la presencia operativa al interior del gobierno estatal de Chihuahua, de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). La presencia de espías de la desprestigiada agencia estadounidense salió a relucir. Trascendió debido a la aciaga noticia relacionada con el deceso de dos de esos agentes en un accidente automovilístico en un camino en la sierra de Chihuahua.
La gobernadora de esa entidad es militante del Partido Acción Nacional. Sacar a relucir el acrónimo PAN, no tiene la intención de torcer la crítica o el análisis que se realice al respecto. Es necesario mencionar esas siglas (PAN), porque de ahí han salido propuestas para que fuerzas extranjeras actúen directamente en el territorio nacional. No de todo el PAN, sino de aquellos que se sienten herederos de los Habsburgo (esa dinastía originaria de Suiza, consolidada en Austria y fusilada en el Cerro de las Campanas. Personas ligadas a esas siglas, prácticamente han propuesto que se invada al país. Afortunadamente eso se ha reducido a declaraciones de “panistas” en medios extranjeros. Por eso no extraña que la gobernadora de esa entidad se haya subordinado a los intereses de una potencia extranjera.
La gobernadora panista de Chihuahua ha reconocido y ha negado (¡!) la presencia de agentes de la CIA en trabajo conjunto con autoridades de ese estado. Por eso es necesario dejar en claro que la presencia de la CIA ya está plenamente demostrada. Lo que hace falta es demostrar plenamente la responsabilidad de quienes los introdujeron al país y de quienes actuaron de manera conjunta con las autoridades locales. Falta, asimismo, conocer con detalle y con exactitud el número de espías de la CIA introducidos por el gobierno de ese estado.
Deslindar responsabilidades es de la mayor relevancia en este caso, porque está de por medio la Fuerza Constitucional y Legal de México. Dicho de otra manera, lo que está de por medio es el respeto a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué previenen al respecto ambos cuerpos normativos?
La Ley Fundamental del país dispone en su artículo 117 (fracción I), que “Los Estados no pueden”, en ningún caso, “Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”. Cabe señalar que para saber eso no se necesita ni siquiera leer la Constitución ni tampoco ser un experto en ella: eso lo intuimos y lo sabemos porque desde los estudios de la escuela primaria nos lo han hecho saber. Sabemos también que los estados no pueden acuñar moneda, ni contratar deuda con otros países o con organismos internacionales. El sentido común dicta que el gobierno de Huajicori no puede contraer obligaciones financieras con el FMI, ni el Ayuntamiento de Santa María del Oro, firmar convenios con la CIA, o con la DEA, o con ningún ente extranjero. La responsabilidad de la representación del país es facultad exclusiva del gobierno de la República. Ni siquiera el mismo gobierno Federal puede actuar de manera unilateral, pues sus actos deben ser ratificados una y otra vez por el Senado de la República.
Si lo plasmado en el Pacto Federal “no es suficiente”, la Ley de Seguridad Nacional, tiene un dispositivo que no deja lugar a “malos entendidos”. Me refiero al artículo 69 de dicho cuerpo legal, el cual ordena que “Los Agentes Extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”. La Ley se refiere al “Estado mexicano”, no al “Estado de Chihuahua”. ¡Ni pa’ donde correr! ¿Dónde están los asesores o consejeros jurídicos de la gobernadora de ese estado? Por lo visto, la titular del Poder Ejecutivo de esa entidad carga con todas las responsabilidades que deriven de este caso.
Lo anterior vale si tenemos en cuenta que el artículo 93 (fracción XXII) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, define como “atribuciones y obligaciones de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado”, el nombramiento de quien ocupe “la titularidad de la Fiscalía General del Estado”. El Fiscal local que dejó el cargo tras el escandaloso operativo en acuerdo con los espías de la CIA, debe el cargo a la gobernadora de ese estado. Su renuncia es confesión de parte. Las responsabilidades constitucionales, legales, políticas y éticas quedan claramente definidas. Se trata de responsabilidades que van desde la gobernadora hasta los mandos menores involucrados.
En fin. Los culpables de la violación a la soberanía nacional, a lo dispuesto por el marco jurídico e México, siempre han recurrido a una buena dosis de cinismo. Hace ya varias décadas (sesentas y setentas, al menos), la CIA utilizó a numerosas figuras de la escena pública mexicana como espías quintacolumnistas.
Uno de ellos fue Emilio Bolaños Cacho (LITEMPO-1), un sobrino de Gustavo Díaz Ordaz al que hizo su secretario particular. El mismo Gustavo Díaz Ordaz (LITEMPO-2), quien fue Secretario de Gobernación (1958-1964) del presidente López Mateos y Presidente de México de 1964 a 1970. Otro más fue Fernando Gutiérrez Barrios (LITEMPO-4), que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad. En la nómina de la CIA también estuvo el expresidente Luis Echeverría Álvarez (LITEMPO-8), que fue Secretario de Gobernación durante la gestión de Díaz Ordaz y a quien sucedió en el cargo. Y hay más guano.
Así, “LITEMPO”, fue denominado el programa de la CIA con la que actuó en México teniendo como aliados a figuras tan relevantes como las mencionadas. El cinismo fue la firma de ese programa de espionaje. Por eso no extraña que desde entonces y antes de entonces, la CIA siga presente en el territorio nacional, incluso con tanto cinismo. Cinismo natural, propio de espías de origen oriental, esos que se caracterizan por ser desconfiados, misteriosos y pendejos.
