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martes, julio 14, 2026

La SRE abre vía judicial por la muerte de connacionales bajo custodia de ICE en EE.UU.

El Gobierno mexicano escaló su respuesta con recursos legales y diplomáticos para esclarecer las muertes de connacionales bajo custodia.

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano inició una ruta jurídica y diplomática para esclarecer los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE. Las medidas apuntan a presionar a autoridades federales y estatales, así como también iniciar acciones civiles contra centros de detención. El Gobierno también hace un llamado a organismos internacionales para que estén al tanto de la situación.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 13 de julio que México presentará denuncias relacionadas con la muerte de 17 connacionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, un día después, que las primeras acciones comenzaron mediante la Embajada y la red consular en Estados Unidos.

La Cancillería coordina con la Fiscalía General de la República una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense. El documento será entregado por medio de la Embajada de México, mientras los consulados presentarán denuncias ante las fiscalías estatales competentes, según el lugar de los hechos.

Las gestiones pretenden obtener investigaciones imparciales sobre las causas de los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades. «No podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados«, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que las acciones comprenden muertes ocurridas en centros de detención y tres fallecimientos durante operativos migratorios. «Lo que pedimos es una investigación imparcial, una investigación que diga por qué fallecieron mexicanos en los centros de detención, cuál es la causa«, declaró.

El caso de Lorenzo Salgado Araujo, trabajador mexicano de la construcción de 52 años, incrementó los reclamos. Salgado falleció el 7 de julio tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Magnolia Park, Houston, Texas.

Autoridades estadounidenses sostuvieron que el mexicano intentó evadir su detención, embistió una patrulla y trató de atropellar a un agente. Tres compañeros que viajaban en el vehículo, entre ellos su hermano, rechazaron esa versión por medio de sus abogados y aseguraron que el automóvil no intentó arrollar a los agentes.

Centros de detención reciben advertencias legales

México también comenzó a enviar escritos de cese y desistimiento a los centros donde murieron connacionales. El primero fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde fallecieron cuatro personas mexicanas.

Los documentos exigen detener acciones u omisiones relacionadas con las muertes, entre ellas impedir atención médica pronta y aplicar políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios. La SRE indicó que estos escritos representan el primer paso formal para una eventual presentación de acciones civiles.

El canciller mexicano también envió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México solicitó que su oficina reúna información de las autoridades estadounidenses, examine el cumplimiento de obligaciones internacionales y remita los casos a los procedimientos correspondientes del Consejo de Derechos Humanos.

Sheinbaum pidió además que el Congreso de la Unión y los partidos políticos soliciten información y expresen su rechazo a posibles violaciones de derechos humanos. En efecto, el Senado de la República se pronunció al respecto y expresó su «más energética preocupación y condena ante los recientes y lamentables acontecimientos en los que 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida«.

La Cámara Alta mexicana respaldó al Gobierno mexicano en su reclamo a las autoridades estadounidenses y afirmó que dará seguimiento al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular dada a las familias a través de la solicitud de informes periódicos a las autoridades competentes. «No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan«, expresó el comunicado.

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