Una misión de rescate terminó convirtiéndose en una ofensiva militar cuyo alcance y respaldo jurídico todavía generan interrogantes.
Por NotiPress
Ciudad de México.- Cuatro militares desaparecidos, miles de soldados movilizados y helicópteros de combate han colocado a Haití en el centro de una intervención impulsada por Nayib Bukele. El presidente de El Salvador ordenó ampliar la presencia militar de su país después de una emboscada ocurrida el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe.
Los desaparecidos eran técnicos de aviación que colaboraban con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión multinacional respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su búsqueda motivó el envío de más de 2.000 efectivos salvadoreños, pero las operaciones posteriores comenzaron a extenderse hacia enfrentamientos directos con organizaciones criminales.
Bukele afirmó que sus fuerzas utilizaron helicópteros de ataque para repeler una ofensiva contra soldados de Chad integrantes de la misión multinacional. También se registraron operaciones terrestres con vehículos blindados contra grupos armados en las inmediaciones de la capital haitiana.
¿Qué respaldo legal tiene la intervención salvadoreña?
Aunque la misión multinacional cuenta con autorización del Consejo de Seguridad, esa cobertura no se extiende automáticamente a cualquier contingente extranjero desplegado en Haití. Naciones Unidas aclaró que la mayor parte de los refuerzos salvadoreños no opera dentro del marco establecido para la GSF.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, aseguró que su Gobierno conserva la dirección de las fuerzas extranjeras presentes en el país. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente todos los términos del acuerdo bilateral que regularía la intervención adicional de El Salvador.
Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, cuestionó esa falta de claridad. «No sabemos, por lo tanto, bajo qué mando actúan estas tropas, con qué reglas de enfrentamiento ni por cuánto tiempo«, declaró el especialista.
Por ahora, la información conocida no permite establecer definitivamente que el despliegue sea ilegal, pero tampoco despeja las dudas sobre su fundamento jurídico. Resulta especialmente importante distinguir entre la autorización de la misión multinacional y las condiciones aplicables a las operaciones adicionales salvadoreñas.
Una ofensiva en medio de una crisis de seguridad
La intervención ocurre mientras las organizaciones criminales mantienen extensas áreas de Puerto Príncipe bajo su dominio y desafían la capacidad operativa del Estado. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia agravó el desplazamiento de población y el deterioro institucional.
Bukele sostiene que su país puede contribuir a recuperar territorios controlados por pandillas, mientras las autoridades haitianas consideran prioritaria la recuperación de la seguridad. Sin embargo, especialistas advierten que las organizaciones haitianas poseen armamento militar, control territorial y vínculos políticos que dificultan reproducir la estrategia salvadoreña.
Estados Unidos también participa en el escenario operativo, pues aeronaves militares estadounidenses colaboraron en el traslado de efectivos salvadoreños hacia territorio haitiano. Esa cooperación logística no aclara, por sí misma, las responsabilidades jurídicas ni la cadena de mando de las fuerzas desplegadas.
