Empresas electorales investigadas por la UIF registran antecedentes de inhabilitación fiscal.
Por NotiPress
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas relacionadas con una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones electorales, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La medida fue informada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el contexto de las investigaciones sobre empresas proveedoras de materiales electorales vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
La mandataria explicó que la inmovilización ocurrió el 4 de noviembre de 2026 y señaló que las autoridades deben continuar las investigaciones para determinar posibles responsabilidades. La actuación financiera se produce mientras distintas dependencias examinan las operaciones de una red empresarial que obtuvo contratos con organismos electorales federales y estatales.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó en la conferencia de prensa del 5 de noviembre de 2026 los resultados de una investigación elaborada con fuentes abiertas sobre las empresas relacionadas con José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas. El análisis identificó presuntos mecanismos de simulación de competencia en licitaciones, además de movimientos financieros que actualmente son examinados por autoridades hacendarias.
Según Buenrostro, varias compañías vinculadas con los mismos beneficiarios participaban en procedimientos de contratación mediante ofertas aparentemente independientes. La funcionaria sostuvo que las empresas coordinaban los precios para determinar cuál presentaría la propuesta más baja y obtendría el contrato.
La investigación también identificó compañías que no declaraban empleados ni capacidad técnica, además de compartir domicilios y números telefónicos. Estas características fueron señaladas como indicios de posibles empresas fachada utilizadas para recibir recursos derivados de contrataciones públicas.
Uno de los mecanismos descritos consiste en la dispersión de dinero entre múltiples empresas. De acuerdo con Buenrostro, los recursos recibidos por una compañía eran transferidos a otras entidades, que posteriormente realizaban nuevas operaciones, dificultando la identificación de los beneficiarios finales.
En las rutas financieras examinadas aparecieron personas de hasta 96 años y jóvenes de 18 años, cuya participación podría corresponder, según la funcionaria, a posibles prestanombres o casos de robo de identidad. La secretaria relacionó estos patrones con comportamientos característicos de operaciones de lavado de dinero y empresas factureras, sin presentar esas posibilidades como responsabilidades penales acreditadas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había inhabilitado en años anteriores a algunas empresas del grupo por irregularidades relacionadas con facturación, mientras que la UIF mantiene investigaciones sobre los movimientos financieros identificados.
Las operaciones examinadas corresponden a una red que, según los datos expuestos por Buenrostro, obtuvo más de dos mil millones de pesos en contratos electorales entre 2014 y 2023, distribuidos en 23 entidades federativas. Entre 2024 y 2025, las empresas relacionadas acumularon otros 646 millones de pesos en 15 entidades.
La funcionaria precisó que las cifras proceden de registros públicos de contratación y podrían modificarse conforme avancen las investigaciones de la ASF, debido a que no todos los contratos necesariamente aparecen en las plataformas consultadas.
En cuanto a las responsabilidades institucionales, Buenrostro explicó que la ASF debe identificar posibles irregularidades administrativas y proceder conforme a sus atribuciones. Por su parte, el SAT y la UIF investigan asuntos relacionados con facturación y operaciones financieras, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) interviene cuando existen elementos que ameritan una investigación penal.
Sheinbaum también sostuvo que cualquier posible responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) debe determinarse mediante las investigaciones correspondientes, incluida la eventual participación de Guadalupe Taddei.
La inmovilización de cuentas constituye una de las medidas adoptadas mientras continúan las indagatorias. Las autoridades no precisaron públicamente el número de cuentas afectadas ni los montos inmovilizados. La información financiera específica permanece restringida a las instancias competentes, en tanto avanzan las investigaciones sobre las operaciones de los proveedores electorales.
