Ha sido la visión patrimonialista la que ha contaminado el ejercicio de la función pública y ahora la gente quiere llegar a esos cargos no para servir, sino para servirse y para terminar su gestión siendo ricos
Por Ricardo Téllez
El pasado 17 de abril, la Arquidiócesis de México lanzó una severa crítica desde su semanario “Desde la Fe” a los altos salarios de los funcionarios de los tres poderes, tanto federales como locales, señalando que están fomentando la desigualdad y que representan un “cínico privilegio” que ofende a más de la mitad de la población; en realidad ofenden a toda la población, pero dijeron que era a la mitad en alusión a los más de 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza según cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL).
La publicación destacó que el país sufre desigualdades y brechas entre pobres y ricos, “y qué decir de los altos salarios reservados de los funcionarios de los tres poderes federales o locales, sus emolumentos no representan la compensación por un servicio, y más bien son un cínico privilegio que ofende a más de la mitad de la población al ver reducida su capacidad de compra, o cuando más de siete millones de mexicanos, los más vulnerables y empobrecidos, sobreviven con mil pesos mensuales”.
No solo la Iglesia ha sido la única en denunciar los altos sueldos de los servidores públicos; desde otros frentes, la sociedad civil, ONG’s, empresarios, etc., han hecho énfasis en la voracidad de quienes supuestamente tienen “vocación de servicio” y velan por el bienestar de la población.
Prueba de ello, son las noticias que con frecuencia tenemos acerca de lo que “ganan” (que no necesariamente desquitan), así como también de los aumentos que ellos mismos se autorizan. Curiosamente, las instituciones públicas son las únicas organizaciones en las que el “patrón”, o sea, los ciudadanos, no son los que deciden cuánto deben ganar sino que esto lo hacen los propios “trabajadores”, es decir, servidores públicos y “representantes populares”, quienes más bien representan a sus propios intereses. Es por ello que constantemente nos escandalizamos de esos injustificables aumentos que se otorgan.
En febrero de este año, por ejemplo, a pesar del endeudamiento del municipio y de que las propias autoridades decían no contar con recursos, el alcalde, síndico y regidores del Ayuntamiento de Monterrey, se aprobaron un aumento a su salario de hasta un 48%. Un mes antes, algo similar hicieron en Cuernavaca, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los consejeros de la Judicatura y jueces de primera instancia, además crearon una Coordinación de Asesores, que antes no existía; los emolumentos mensuales de magistrados y consejeros eran de 96 mil 227 pesos con 84 centavos, mientras que el de la presidenta era de 106 mil 853 pesos con 83 centavos, y pese a que la presidenta señaló que la situación en el Poder Judicial no era óptima, que el presupuesto era insuficiente y que el trabajo lo habían estado haciendo a base de “voluntad”(seguramente para ella era como trabajar “gratis” aun percibiendo más de 106 mil pesos al mes), apuntó que tendrían que ser prudentes y “muy modestos”, por ello es que se subió el sueldo nomás a 111 mil pesos mensuales y a los magistrados y consejeros a 100 mil pesos.
Uno de los problemas, es que ellos tasan su sueldo no con base a su trabajo propiamente y sus resultados, mucho menos en la realidad del país, de su estado, de su institución pública o del salario mínimo, sino comparándolo con lo que lograron autopagarse en otras entidades del país, ese es su referente; al parecer se han metido en una competencia de a ver quién se logra pagar más a costa del pueblo.
La semana pasada, en Guanajuato un “comité de estructuración salarial”, determinó necesario un incremento de sueldos para el gobernador diputados locales, magistrados del Poder Judicial y los secretarios del gabinete, con retroactivo a enero. ¿Quiénes integran dicho comité? ¡Ellos mismos! De esta manera, Los mismos beneficiados del incremento determinaron que los diputados deberían recibir un aumento de 3 mil 489 pesos, los magistrados y secretarios de gabinete 3 mil 500, y el gobernador 4 mil 300. Quizá esos incrementos no impacten mucho, pero si consideramos ya cómo quedó el salario total, entonces sí nos puede dar una idea de lo disparatado que es tratar de justificar aumentos: los diputados, magistrados y secretarios de gabinete ahora ganan 177 mil 435, y el gobernador 211 mil 452 pesos al mes.
Aún así, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, Rigoberto Paredes Villagómez, calificó como “nada” el incremento que se aprobaron de manera retroactiva a enero de este año. Si eso para él eso es nada, qué diría si les aumentaran, en pesos, la misma cantidad irrisoria que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprueba año con año para la mayoría de los trabajadores.
No cabe duda que viven en otro país, en otro mundo; mucho se les hace poco, como al diputado guanajuatense Juan Carlos Muñoz Márquez, panista, quien ganando más de 108 mil pesos mensuales, tronó cuando un estudiante lo increpó por sus altos ingresos y reviró diciendo: «yo siento que gano poquito, discúlpame. Yo trabajo mucho. Reclámale a los que no trabajan. Yo trabajo muchísimo, yo trabajo todos los días. Ahorita estoy trabajando. Yo dejé mi chamba donde ganaba mucho más ¿eh? Discúlpame. Yo en lo que hacía ganaba mucho más, yo ya hice un sacrificio por darle 3 o 6 años de mi vida a la ciudad que tanto me dio”.
Algo similar ocurrió cuando el entonces diputado local nayarita, Antonio Serrano Guzmán, afirmara que en realidad 70 mil pesos mensuales era poco.
En lo local, tenemos los altos salarios que se pagan en el Ayuntamiento de Tepic, pese a los malos resultados de su gestión. Aun cuando los servicios públicos cada vez están peor y con todo y la falta de transparencia en su actuación, perciben sueldos de primer mundo.
Según el tabulador de remuneraciones del personal de confianza 2015, un regidor percibe 42,830 pesos mensuales. Sin embargo, en su programa radiofónico, Alejandro Gándara ha señalado públicamente que perciben 150 mil pesos mensuales y nadie lo ha negado. Sean 42 mil o, con mayor razón 150 mil, en ninguno de los casos se considera que lo desquiten.
Hay países que tienen establecido que la proporción que debe de haber entre lo que percibe el cargo mejor pagado del tabulador, con el de menor percepción no debe de exceder de 10 tantos en instituciones públicas. En Japón, los empresarios manejan esa misma relación y señalan que el ingreso más alto no debería de significar más de 7 veces el sueldo de menor ingreso. En este caso, según el tabulador del gobierno capitalino, el sueldo de menor monto es de 4,050 pesos y ese debería de ser el referente. Así que si aplicáramos esa misma proporción, el ingreso más alto (Alcalde) debería de ser de entre 28 mil y 40 mil pesos y no los 71 mil 344 que según eso gana. Pero si, como se dice, los regidores perciben 150 mil, ¿cuánto ganará el Alcalde?
En días recientes también nos hemos topado con la noticia de que los consejeros electorales han entablado una demanda y exigen incremento salarial, pues los 52 mil pesos mensuales que perciben actualmente les parece insuficientes para sus responsabilidades y funciones, pretendiendo ganar alrededor de 80 mil pesos mensuales y establecen su cantidad haciendo un comparativo con lo que ganan consejeros en otras entidades. Una situación que en verdad ofende a la población. Lo cual ya ha recibido señalamientos de todos los sectores, incluyendo el empresarial en la voz de la Coparmex, organismo que el día de ayer, a través de su presidente José de Jesús Hernández Preciado, pidió el adecuarse a “las realidades de las circunstancias del país”. Un llamado a la sensatez, pues.
Creo que va siendo hora de que los ciudadanos (los patrones) seamos ahora los que determinemos los sueldos que habrán de percibir sus “servidores públicos”. Las altas remuneraciones que éstos últimos se han impuesto han venido a pervertir el “espíritu de servicio” que supuestamente deberían de tener. Ha sido la visión patrimonialista la que ha contaminado el ejercicio de la función pública y ahora la gente quiere llegar a esos cargos no para servir, sino para servirse y para terminar su gestión siendo ricos; hoy, para ellos ganar un cargo de representación popular o un alto cargo en una dependencia es como sacarse la lotería. El ostentar un trabajo de esa calidad debería entenderse como una oportunidad, un privilegio, sí, pero para servir y no para servirse. ¿Dónde quedó la vocación?, ¿dónde quedaron las palabras de Juárez, quien dijo que los funcionarios públicos “no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona que la ley les señala”?
