Por Ricardo Téllez
El pasado 18 de diciembre el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, propuso que los aspirantes a ese cargo se realizaran exámenes de salud física y mental. Entre dichos exámenes incluía también pruebas toxicológicas. Sus dos principales adversarios políticos, el panista Ricardo Anaya y el líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, desestimaron la propuesta, la trivializaron y aprovecharon para lanzar sus críticas al contendiente priista. Ricardo Anaya señaló que el PRI y su candidato primeramente deberían de hacer un examen de conciencia. En tanto, el tabasqueño calificó la propuesta de banal al tiempo que afirmó que nunca ha fumado marihuana y reconoció ser hipertenso y estar sometido a tratamiento.
Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dos días después de lanzada la propuesta del precandidato de la Coalición Meade Ciudadano por México, integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza (PRI-PVEM-Panal), señaló que el INE no solicitará requisitos extras a los que prevé la ley:
“Los únicos requisitos que el Instituto Nacional Electoral vigilará son los que están establecidos en la ley, entre otras cosas porque hay criterios jurisprudenciales, previamente establecidos y que están vigentes en el sentido que no se puede exigir en el uso de un derecho ciudadano ningún requisito que no está establecido en la legislación, lo demás está en una órbita sobre la que el Instituto Nacional Electoral no se va a pronunciar”, afirmó.
Me parece que la propuesta no es un tema menor, pues en la historia ha habido muchos casos en los que la salud del mandatario ha afectado su desempeño, y de ello dio cuenta en un excelente artículo el columnista Jorge Fernández Menéndez en “La salud y el poder”, donde hace un recuento de los presidentes norteamericanos, latinoamericanos y mexicanos que tenían serios padecimientos de salud física, así como la manera en que éstos afectaron su desempeño, entre ellos Jhon F. Kennedy, Franklin Roosevelt, Ronald Reagan, Richard Nixon, Henry Kissinger, Donald Trump, la candidata Hillary Clinton, Hugo Chávez, Fidel Castro y Adolfo López Mateos.
Pero también hemos tenido gobernadores como el de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que debido a sus enfermedades tuvo prolongadas ausencias dejando al garete la gubernatura de un estado tan conflictivo y cooptado entonces por el crimen organizado. Tristemente célebre es el caso también del extitular de la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, a quien a pesar de su grave condición de salud, pues padecía cáncer de médula ósea en fase avanzada, le fue regalada una Senaduría por la vía plurinominal por los panistas, cargo que nunca ejerció pues apenas sí pudo presentarse en condiciones lastimosas a la sesión constitutiva de la LXII Legislatura de la Cámara Alta. En menos de un mes después falleció.
Pero no solo la salud física debe ser relevante en un mandatario o cualquiera que ocupe un cargo de elección popular, también lo debe ser la salud mental. Por ejemplo, desde antes de asumir el poder y con mayor razón después de hacerlo, se ha cuestionado la salud mental del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hasta hay especialistas que afirman que su condición lo imposibilita a ejercer su cargo. Hoy en día vivimos con temor de lo que un hombre en sus circunstancias y con su poder pueden hacerle al mundo, sobre todo cuando se enfrenta con otro igual o peor de desequilibrado como el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
Y si actualmente no es un requisito un diagnóstico de salud física, mental y hasta pruebas toxicológicas no veo por qué no se puedan incorporar más adelante, lo importante es no desestimar aspectos tan relevantes, como también pruebas de control y confianza y las declaraciones 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses), y todavía me iría más allá: no solo investigar la solvencia moral del aspirante y/o candidato sino también de sus familias.
Dice un proverbio que al árbol “por sus frutos los conoceréis”, ¿acaso no sería un indicativo del carácter del aspirante o candidato lo que haya hecho de su familia? La reciente detención del hijo del Alcalde de Valle de Chalco, Estado de México, Ramón Montalvo, acusado de homicidio junto con otros dos sujetos, debería de encender un foco de alerta, sobre todo porque no es el único caso en el que un familiar directo de un funcionario ha cometido excesos, recuérdese al hijo del referido Fausto Vallejo, aliado con el crimen organizado; la LadyProfeco, hija del entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor que mandó cerrar un restaurante solo porque no la atendieron como ella quería; el hermano o medio hermano de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, acusado de ser parte del crimen organizado; el hermano del ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari; los hijos de la esposa de Vicente Fox y hasta ella misma; y así la lista se seguiría incrementando según le vayamos escarbando al asunto, el caso es que sí, a como están las cosas, va siendo hora de que vayamos siendo más exigentes y demandando más requisitos a quienes habrán de ejercer la importante tarea de dirigir nuestros destinos, ¿no lo cree?
