Horas después de la detención de Humberto Moreira y de haberse hecho pública ésta, el PRI emitió un comunicado en el que señaló que: “las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que las integran”. Desde mi particular punto de vista, lo anterior es cierto pero solo en parte y, desde luego, no aplica la pertinencia en este caso.
Por Ricardo Téllez
Dicen que el pez por su boca muere y esto es algo que debieran tomar en cuenta muchos antes de realizar declaraciones que luego se les pueden revertir. Como el intento de deslinde de Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de la detención de su ex dirigente nacional y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, realizada en el aeropuerto de Barajas, España.
Moreira fue aprehendido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía española, acusado de lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos públicos, delitos que le imputan las autoridades españolas, no las mexicanas, a pesar de que en nuestro país desde hace mucho tiempo le han sido señalado esos cargos, aunque no por su partido, no por las autoridades judiciales (los expedientes duermen el sueño de los justos), ni mucho menos por su sucesor en el gobierno coahuilense, su hermano Rubén Moreira Valdez.
Horas después de la detención y de haberse hecho pública ésta, el PRI emitió un comunicado en el que señaló que: “las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que las integran”. Desde mi particular punto de vista, lo anterior es cierto pero solo en parte y, desde luego, no aplica la pertinencia en este caso. Me explico: si bien por un lado es verdad que en tricolor existen muchos militantes y simpatizantes que son personas íntegras, que creen en el partido, que son leales a los principios del instituto político a pesar de que en los últimos años el pragmatismo se los ha comido; por otra parte las instituciones están obligadas a establecer los mecanismos necesarios que no solo promuevan un comportamiento ético, sino que se asegure de que así sea, al menos en los niveles más altos de las mismas, algo que en el PRI está lejos de ocurrir.
Los códigos deontológicos, códigos de ética y de conducta son instrumentos necesarios, pero el establecimiento de una cultura fuerte en contra de la corrupción asentada en el comportamiento ejemplar, sobre todo de sus líderes, lo es aún más.
El caso de Humberto Moreira no es el único en el que un gobernador emanado del PRI se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, tenemos ahí Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco; Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México; Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas; Mario Marín, ex gobernador de Puebla; Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente del PRI capitalino; Carlos Romero Deschamps, senador priista; y, otros tantos casos de “ilustres” priistas en el que el tricolor no ha hecho nada y solo en algunos de ellos fueron las autoridades, no el partido, el que emprende un proceso en su contra, es decir, el partido como “institución” en los hechos no ha realizado nada por castigar la corrupción, ha sido omiso.
Cuando Moreira dejó la gubernatura de Coahuila hundió a la entidad con una inaudita deuda de 34 mil millones, misma que debió investigarse a fondo y más por los señalamientos de corrupción y de desviación de recursos que se hacían en contra de Moreira, pero aún en este contexto, ¿qué hizo el PRI como “institución”?, ¡lo hizo su dirigente nacional! Antes que investigar las imputaciones, le dio un espaldarazo y lo arropó con su manto protector.
Fue solo hasta que las acusaciones empezaron a afectar la campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, cuando se decidió su salida en diciembre de 2011. El propio mexiquense reconoció públicamente que la reputación de Moreira estaba dañando la imagen del partido y empañando la campaña: “todos estos señalamientos que se han dado en el caso de Coahuila y que evidentemente hacen una vinculación con quien es dirigente de nuestro partido, le han generado desgaste”, dijo en aquel entonces el ahora Presidente de México. Y, ¿qué hizo el Revolucionario Institucional como “institución”?, ¡dejarlo ir!, ¡aceptarle su renuncia sin más ni más, sin ningún expediente, sin ninguna investigación a fondo, sin ningún proceso de exclusión del partido como mínimo!
Las instituciones no son edificios, no son normas y principios escritos en papel que no se llevan a la práctica, no son razones o denominaciones sociales; las instituciones son organizaciones vivas integradas por personas y cuyo actuar incide en la institución misma; el comportamiento de los miembros de una institución, determinan en sí mismo el comportamiento de la institución; regular la actuación de sus miembros y, en su caso, sancionar las conductas desviadas, es obligación de las instituciones. No hacerlo, no regular, no sancionar, no velar por la conducta ética, ser omiso, es una de las formas de instituir la impunidad y reforzar las conductas no éticas, es caer en falta de responsabilidad institucional.
Por lo tanto sí, las instituciones también son responsables del actuar de sus miembros y máxime cuando se ha apreciado ya, una especie de patrón de comportamiento en las estructuras de poder y también, igualmente, un patrón de respuesta ante esas conductas: la omisión y el cumplimiento del pacto de silencio e impunidad.
