¿Dónde están los filtros? Da la impresión de que tener candidatos con solvencia moral es lo que menos les interesa, siempre y cuando sirvan a sus fines
Por Ricardo Téllez
Luego de los lamentables acontecimientos de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa con la complicidad del entonces Alcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda, la sociedad comenzó a señalar a los partidos políticos como cómplices de que este tipo de personajes accedieran al poder. Ante ello, los institutos políticos comenzaron a prometer que aplicarían candados para que casos como el de Abarca no se volvieran a repetir, de tal forma que garantizarían la solvencia moral de sus candidatos y dirigentes.
Los acontecimientos recientes son un revés para esas promesas. Siguen dándose casos en los que sujetos de dudosa calidad moral, no solo ingresan al partido, los hacen candidatos, y los lleven a cargos de elección popular e, incluso, hasta los hagan sus líderes máximos.
El asunto de Humberto Moreria comienza agravarse aún más ahora que se está investigando su probable relación con miembros del crimen organizado y para quienes supuestamente serviría para lavarles dinero. La de por sí desgastada imagen del político y su impacto en el partido –por más que digan que las instituciones no son responsables de la actuación de los individuos que las conforman, lo que en este caso es totalmente refutable- amenaza con ser mayor y llegar a alcances insospechados, luego de que se le tratara de vincular a grupos del crimen organizado por el blanqueo de capitales. Aun cuando de momento ya fue puesto en libertad provisional y que se argumentara que no son suficientes la pruebas demostradas en su contra, ahí queda la duda sembrada. Por algo, de todos modos le recogieron su pasaporte para evitar que saliera del país.
El caso de la diputada por Sinaloa, Lucero Sánchez López, acusada de falsificar documentos oficiales para visitar a “El Chapo” y de haber estado con él la noche de fin de año, es otro que deja mal parado a los partidos que la llevaron a San Lázaro. Una joven con una “carrera política meteórica” que pasó de la noche a la mañana de ser una agente inmobiliaria a luego candidata y posteriormente a diputada gracias a una alianza entre PAN-PRD-PT y el partido local PAS, con un extraordinario despliegue de recursos económicos, y que ahora resulta que ninguno de los partidos que la llevaron a ganar la elección la conoce y tampoco aceptan reconocer responsabilidad alguna en su empoderamiento.
Tenemos también al Alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, el presidente municipal Enrique Alonso Plascencia, quien dio nota nacional cuando en un acto de rebeldía tomó la policía municipal por estar en contra del Mando Único impuesto por el gobernador Graco Ramírez. Y ahora que ya no le es cómodo al sistema, le ventilan su expediente criminal. Resulta que Alonso Plascencia tiene antecedentes criminales, pues en 2009 fue detenido en flagrancia traficando personas, hasta quiso sobornar a las autoridades federales. En la frontera sur del país, Enrique Alonso, alias “el cero cero” o “el pollero”, fue capturado cuando transportaban a inmigrantes guatemaltecos. Por ello se le dictó prisión por tráfico de personas, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, siendo recluido en el penal del Amate, en Chiapas. Luego fue liberado y con todo y su expediente, tres años después el PRD lo hizo su candidato para la presidencia municipal de Tlaquiltenango, promovido por el que ahora es gobernador Graco Ramírez. Peor aún, la misma dirigencia perredista reconoció en su momento que tenía ciertos antecedentes, pero declinaron a ventilar el asunto por tratarse –según dijo Abel Espín, presidente estatal del partido del sol azteca- de un asunto “muy delicado”. Aun así lo llevaron al poder. Y, como le digo, solo cuando ya no le convino al sistema y contrarió las instrucciones de aquel que lo encumbró (Graco Ramírez), se filtra su expediente criminal el cual involucra hasta a su familia. Alonso Plascencia fue traficante de personas, operó con recursos de procedencia ilícita e incurrió en delincuencia organizada y, recientemente, además se le señala de haber cometido bigamia al haberse casado con una mujer al tiempo que ya era esposo de otra. Una de ellas, por cierto, se encuentra recluida en el penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, purgando una condena de 45 años de cárcel, acusada del secuestro y asesinato de una menor de edad. ¿Así o quiere más?
Como se ve, en algunos casos los partidos quieren lavarse las manos y alegan que no conocían a los candidatos que propusieron, al igual que en el caso de José Luis Abarca, aun cuando son del dominio público sus nexos con delincuentes. En otros casos, aun cuando saben su historial los apoyan y cuando se ofrece o ya no les conviene les sacan su expediente. ¿Dónde están los filtros? Da la impresión de que tener candidatos con solvencia moral es lo que menos les interesa, siempre y cuando sirvan a sus fines.
Esto es algo que debemos de tomar en cuenta también en Nayarit. En este año la “calentura” política se elevará al máximo con miras a las elecciones estatales y si desde el año pasado estuvimos viendo actos anticipados de campaña (por más que la ley no los reconozca como tales), en este 2016 los veremos aún más y en algunos de ellos se aplican cuantiosos recursos económicos de debieran ser objeto de análisis e investigación.
Me queda claro que, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral está maniatado por la ley y no puede hacer nada respecto a estos anticipadísimos actos proselitistas, porque el ordenamiento marca los tiempos de campaña y todo aquel evento que se realice fuera de dicho periodo no se le considera como tal, pero siendo tan obvio que sí lo son entonces se debería de modificar la ley. Se me ocurre, por ejemplo, una disposición que indique que todo aquel que resulte postulado a un cargo de elección popular acredite al momento de su nominación, el origen de los recursos utilizados en aquellos eventos públicos o masivos (con el carácter que sea) que hubiere organizado en un periodo de 18 meses previos a su designación.
Otra medida conveniente es que se hiciera obligatoria y ya no un acto de buena fe, la presentación de la declaración “3 de 3” (patrimonial, de intereses y fiscal), para todos los que sean electos para contender por cargos de representación popular, así como para los funcionarios y servidores públicos de primer nivel tanto en gobiernos municipales como estatales y el federal.
Por otra parte, como sociedad debemos de presionar a los partidos para que no olviden aquella promesa que hicieron de garantizarnos candidatos con solvencia moral. Estamos a tiempo.
