En Nayarit, el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública es el penitenciarista don Benito Rodríguez. Conversar con el funcionario resulta esclarecedor y, sobre todo, revelador de todo un proyecto de cambios que se han empezado a percibir.
Diálogo con Benito Rodríguez
Articulación institucional
para la seguridad pública
ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.
NUEVA POLICÍA: FACILITADORA DE LA VIDA SOCIAL
Tanto el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como el Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, tienen como objetivo central la transformación del modelo de policía. La intención de ese cambio es el de asegurar que la policía se convierta en facilitador de la vida social, que asegure la integridad de las personas, del patrimonio de los individuos, que facilite la vida social.
Es un cambio de paradigma. Cambio que transita de la concepción del policía como agente que actúa bajo la divisa del legítimo poder represor del estado, al del agente como facilitador de la vida social. Ese proceso de cambio guía la actuación del titular del Ejecutivo estatal y en particular, de un servidor público experimentado en el tema: Benito Rodríguez.
En Nayarit, el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública es el penitenciarista don Benito Rodríguez. Conversar con el funcionario resulta esclarecedor y, sobre todo, revelador de todo un proyecto de cambios que se han empezado a percibir. Comparto algunas de sus reflexiones y conclusiones propias, en torno a un tema fundamental de nuestro tiempo: la seguridad pública, el cambio de paradigma del papel del policía.
Para eso, los esfuerzos se dirigen a lograr que se articule el esfuerzo que realiza la Guardia Nacional, las policías estatales, las policías municipales y que estas instancias se vinculen con el trabajo que se realiza en el espacio del Ministerio Público. En buena medida, de lo que se trata es de armonizar la tarea que se ha encomendado a cada una de esa cadena institucional. Se trata de evitar de esa manera, la dispersión de esfuerzos y la confusión que puede derivar de protocolos de intervención.
Hasta ahora, se habla y se reconoce la existencia de una cifra superior al 90 por ciento. ¿Qué es esa cifra negra? Este concepto se define institucionalmente como el número de “Delitos no denunciados o denunciados por los que no se inició una carpeta de investigación”. Eso refleja no solamente un alto nivel de impunidad, sino de bajo nivel de confianza ciudadana en sus instituciones en ese ámbito.
La impunidad es un aliciente para la comisión del delito. Las personas prefieren hacer justicia por mano propia o esperar para ejercer venganzas, en lugar de denunciar y dejar que la máquina de la ley actúe. Lo peor de todo, es que la impunidad es un incentivo para que la delincuencia actúe con la enorme probabilidad de no pase nada, de que se pueda volver a delinquir sin que la ley aparezca por ninguna parte.
Este nuevo modelo de policía, se ha concebido para que los agentes de la policía se profesionalicen. El policía es el personal más cercano a los espacios donde se realizan los actos antijurídicos, donde se comete el delito.
Naturalmente, profesionalizar exige cumplir con una serie de requisitos que a su vez se expresan en términos de financiamiento. Se trata de reconocer el trabajo policial con mayores salarios, con mayor y mejor equipamiento, con más constante y mejor capacitación. Se requiere también, elevar el número de personas que se integren a esas corporaciones.
Pero no todo es cuestión de dinero. Cuando el tema se analiza, definitivamente se tiende a concluir que no se trata solamente de destinar mayores volúmenes de dinero público a ese rubro.
Para que la policía funciones correctamente, para que se logre desterrar la impunidad y para que la cifra negra se reduzca a su mínima expresión, se requiere ganar la confianza ciudadana. Se trata de que la gente y los agentes de la ley, se relacionen de una manera más cercana, para que se reconozca el perfil del ciudadano y para que se reconozca la verticalidad de los agentes que actúan en el nombre de la ley.
Esto también se puede expresar en una reducción de los niveles de corrupción y, por tanto, en mayores niveles de confianza ciudadana.
La profesionalización exige también una estrecha articulación de esfuerzos por parte de todo el sistema que imbrica la procuración de justicia. Estamos ante una cadena de responsabilidades y de compromiso institucional. Cada eslabón de esa cadena debe cumplir a cabalidad con la parte de responsabilidad que le corresponde.
Cabe mencionar casi al margen, que quizá el mayor reto para ese proceso de transformación en la esfera policial, es el que representa la articulación de todo el sistema con las instancias municipales. En los ayuntamientos se revelan serias carencias no solamente en términos financieros, sino en cuanto a su profesionalización.
El marco legal puede ser reconocido por su robustez, pero también por la complejidad que deriva del número de cuerpos normativos a considerar. Por lo menos se debe considerar la existencia de unos 35 cuerpos normativos que emanan de la Ley de Leyes y, por tanto, la misma Constitución Federal, las Constituciones de cada entidad federativa y diversas disposiciones locales. El agente que sirve para un ayuntamiento, generalmente desconoce protocolos y marco normativo, que constituyen parte de un vasto universo que regula su actuación. Eso debe cambiar y debe transformarse de manera radical.
Naturalmente, no es de esperar que cada policía se convierta en una enciclopedia ambulante. De lo que se trata es de que cada agente se apegue estrictamente al protocolo que se le asigne en razón de sus actividades específicas. Si interviene en un asunto de orden familiar, como casos de violencia contra mujeres o niños, debe ajustarse a un protocolo que no empeore o contamine un proceso legal. Si el agente interviene en un caso de robo, de actos simples como un pleito entre vecinos, el representante de la autoridad debe saber cómo actuar correctamente.
Por su parte, dentro de la esfera ministerial, se de actuar en apego a otro protocolo, a una serie de reglas que garanticen la estricta aplicación de la ley. Esa aplicación de la ley no necesariamente debe convertirse en cárcel como destino. Para eso existen mecanismos alternativos que resuelvan y para que, sobre todo, para que en el futuro se eviten acciones indebidas.
Parece que la tarea que se plantea raya en lo imposible. Se trata de que el actor más cercano a los espacios donde se cometen los delitos, el policía, se transforme radicalmente. Esa transformación se debe expresar en una mayor confianza de los ciudadanos en sus cuerpos policiacos. Esa mayor confianza se debe manifestar, a su vez, en mayor denuncia y resolución cercana de los casos de delincuencia o de problemática social. Mayor denuncia, debe traducirse en mayor respuesta de la autoridad y de mejor clima de convivencia social. Más denuncia, menos cifra negra: mayor respuesta y soluciones, menor impunidad.
La ruta es compleja, complicada, nada sencilla de transitar. No obstante, ese cambio es absolutamente indispensable e impostergable. Se debe caminar en esa dirección, el que logre hacer del policía un agente que facilite la vida social. Esa es la ruta del cambio que sirve para que la gente viva mejor. Tal como lo sostiene don Benito Rodríguez, facilitar la vida social exige actuar para prevenir, para disuadir, para conciliar, para que la seguridad se recupere en toda la geografía nacional y naturalmente, en el estado. El policía como facilitador de la vida social, debe ser eje de paz, de convivencia armónica, pieza clave de ese mundo de bienestar general.
